jueves, 5 de agosto de 2010

¿SERA QUE SE DESPLOMA EL REGIMEN?

Después de una agitada historia constitucional en el siglo XIX, Colombia, había sufrido varias reformas constitucionales adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país.

En esta reforma de la constitución se dio con unos objetivos claros como el de acabar a con la corrupción en el ámbito de la función publica en los alto gobiernos por el uso indebido de los cargos, por la apropiación de dineros públicos o por la presentación de documentos falsos, una clase política jurídicamente arrinconada o partidos políticos desprestigiados, un sistema electoral cuestionado por su incapacidad para ofrecer neutralidad, unas ramas del poder publico que se enfrentan por la usurpación de funciones y competencias, un congreso que se ha convertido en un recinto pequeño de presiones burocráticas y politiquera, un servicio exterior que recurrentemente debe renovar sus embajadores por problemas con la justicia, un estado que ya no solo es incapaz de hacer valer las reglas de juego político e institucional, sino que tampoco puede garantizar el correcto funcionamiento del régimen de propiedad.

Ya no se puede decir que Colombia está ante una crisis de valores. Tampoco, que existen sólidos referentes institucionales que permitan renovar el régimen político que lo sostiene. Ya no existen. Los comportamientos corruptos ya no son pequeñas islas o casos aislados que pueden ser extirpados, de manera que las cosas vuelvan a la normalidad. Ahora se han convertido en hechos cotidianos.

Los numerosos casos de violencia ha alcanzado un punto tal, que la defensa de los derechos humanos ha sustituido cualquier reclamo de profundización democrática. Si una minoría quiere hacer valer sus derechos, debe hacerse sentir en las calles. La fractura entre el derecho y la política es tan grande, que las personas encargadas de hacer valer los Derechos Humanos deben advertir que el proyecto actual de Ley de Víctimas "introduce factores de discriminación entre las víctimas, que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad del derecho a la igualdad".

Desde este punto de vista la asamblea nacional constituyente a través de la constitución del 199, le concedió mayor autonomía a la rama judicial del poder público quedando adscrita las altas cortes, los entes de control y entidades autónomas, como también se definió un conjunto de entidades como los departamentos, municipios entre otros. Si bien el régimen colombiano es presidencialista, en razón de la elección popular directa donde el régimen presidencialista colombiano se halla debilitado como consecuencia de la autonomía concedida al poder judicial, a los órganos de control. Estas entidades estatales han planteado que el régimen encerado no tenga el mismo poder que poseía antes de la reforma del 1991.

Esto nos con lleva a preguntarnos si verdaderamente se han logrado los objetivos planteados en cada una de las reformas constitucionales, cuando vemos a diario que se cuestiona a los gobierno, a las altas cortes, a la rama legislativa o será que el gran problema no es la constitución, sino la ansiedad de los tres poderes de demostrar quien tiene la razón o por la intervención de la clase dirigente en cada uno de las organizaciones del estado, sin tener en cuenta que los únicos paganos de la lucha de trenes es la comunidad en general.

Lo mas importante de esta lucha entre los poderes es que no afecta para nada al mandatario de turno por que se mantiene una imagen en un 78%, una popularidad del 65% y una continuidad de gobierno donde el pueblo colombiano respaldo y eligió al nuevo presidente impuesto por el gobernante.

WILLIAM TOVAR

Estudiante V Semestre de Administración Pública

1 comentario:

  1. Querido Presidente. Muy bien por su artículo. Con la responsabilidad que actualmente tiene en el curso, nos dará ejemplo de la tenacidad que se requiere para salir o sacar adelante un Estado

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