La Constitución de 1991 profundizó la descentralización política y Administrativa, con el objeto de consolidar a Colombia como una República Unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, tal como lo hizo con los municipios. A los que corresponde Prestar los servicios públicos que determine el bienestar de sus ciudadanos, Construir las obras públicas que demande el progreso local, Ordenar el desarrollo de su territorio y Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes entre otras.
Para cumplir lo proyectado el municipio tiene su propia estructura, es decir, una forma de organización de sus autoridades que busca garantizar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo en cada una de las áreas que involucran la población civil, constituida principalmente por el Alcalde y el Concejo municipal, quienes tienen la tarea de administrar y al mismo tiempo rendir cuentas, a todos los organismos de control, planeación e inversión sobre los recursos y proyectos a su cargo; es precisamente sobre el manejo de los recursos en nuestros municipios que hoy quiero resaltar que dicha descentralización y autonomía nos a costado a cada uno de los colombianos contribuyentes a una nación más justa e igualitaria, millonarias y escandalosas cifras de corrupción, dineros que de ser bien administrados nos hubieran significado elevar el nivel de desarrollo de nuestras regiones y disminuir las cifras de desempleo y desocupación que hoy padecemos; estos signos atribuidos a los cada día más crecientes niveles de clientelismo, producto sin duda ninguna de los mecanismos violados, desviados e influenciados de la contratación pública; al ver el panorama no solo de los recursos de asignación estatal, sino también de aquellos proferidos a través de regalías, las cuales acrecientan el nivel de despilfarro y disminuyen notoriamente la inversión social, fin único para el cual fueron conferidas en las entidades que hoy las administran, no me queda más que preguntarme de la labor que realiza el alto gobierno y los organismos de vigilancia , para no permitir mas el detrimento excesivo de nuestro patrimonio o por lo contrario si la complicidad y la corrupción comienza como se dice en el argot popular “ desde la cabeza”.
Prueba notable de la mala administración y el contrabando de influencias, es la situación actual de los municipios de nuestro departamento, que para comenzar muestran un panorama de desigualdad y al mismo tiempo la verdad de que a mayores recursos mayor índice de corrupción presenta la entidad; mientras que hay grandes municipios con excesivos recursos y poder petrolero, también los hay pequeños e incapaces de satisfacer grandes necesidades; lo que nos queda por mirar es el porqué si los primeros y con mayores privilegios han recibido mayor cantidad de recursos, sus municipio hoy día padecen de infinitas y notables necesidades y que además no han podido llegar a la totalidad de sus habitantes y la inversión en los sectores básicos como la agricultura, ganadería, agua potable y comercio siguen decayendo; para los segundos el panorama no es mejor, sus pocos recursos se desbaratan en clientelismo y raciones personales, seguidos de promesas incumplidas y el rezago de ser menos relevantes en el contexto no solo departamental si no también en el nacional. Es hora de recapitular nuestra historia y escoger mejores y más capaces dirigentes que no callen la conciencia atreves de un bulto de cemento o una teja de zinc, si no que reparen e impulsen los sectores productivos y que acrecientan la inversión social, la creencia, respeto y devoción por lo propio y que ante todo mitiguen de manera sostenible la pobreza agobiante que sufren nuestros pueblos.
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