La finalidad del Estado es la de proteger al hombre de otros hombres.
La carta política del año 1.991 conservó las tres ramas del poder que se traía desde la constitución de 1886, y recalca la necesidad de que entre ellas se establezca una relación armónica; sin embargo existe una lucha de poderes entre ellas que los medio de comunicación han hecho notar y que han denominado choque de trenes, la pelea entre el ejecutivo y el judicial es también una ramificación de un problema con mucho mas fondo; en la medida en que el gobierno piensa que lo que haga la corte puede afectar directamente su proyecto de nación, el gobierno se lo va a tomar personal. Las ramificaciones van a la pérdida de legitimidad, la pérdida de control y de poder político, todo lo que viene naturalmente en los sistemas estatistas. El país no había vivido algo igual, por lo menos en el último medio siglo y se ha convertido en la guerra actual de los mil días.
Escándalos como la parapolítica, el referendo reeleccionista, las “chuzadas” ilegales del DAS, han sido los detonantes de esta disputa de poderes que finalmente le causan daño es al pueblo Colombiano ya que lo desvirtúa frente a los demás países. La larga cadena de enfrentamientos entre el Gobierno y la Corte está llegando a niveles preocupantes. La credibilidad y la fortaleza de dos pilares del estado de derecho -la Presidencia y la Corte- están en juego. La sola repetición de incidentes indica que la pelea sigue creciendo y cada vez es más grave. Para los observadores internacionales, este conflicto es sinónimo de enfrentamiento entre el Presidente y la Justicia. Lo cual significa, ni más ni menos, que está en peligro un principio esencial de la democracia: la autonomía, respeto e independencia de los jueces.
Por otra parte, al existir otras funciones del Estado Colombiano se han creado a la par del poder público los órganos de control y de la función electoral con autonomía suficiente para surgir a la vida pública como entes independientes de las tradicionales ramas del poder. A pesar de tener estas facultades, han sido vulneradas por el ejecutivo, reflejado en episodios palpables como la asignación del tercer canal, las veedurías y conceptos emitidos por la contraloría en la asignación de contratos para la construcción de vías y la misma reelección presidencial.
Como podemos observar el poder ejecutivo quiere tener la capacidad de mandar en todos los ámbitos de la vida pública y estatal, sin que se nos olvide el capítulo visto al querer designar al Fiscal General de la Naciòn.
Esperemos que el 7 de Agosto con la posesión de nuestro nuevo Presidente cambie el panorama conflictivo existente entre los poderes y pasemos a un ambiente de armonía que busque el mejoramiento de la justicia y de las condiciones de vida en nuestro país.
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