Viejo y nuevo país

Andrea Sirley Cano Castellanos

andreasirley@hotmail.com

Aunque próximos a cumplir veinte años de la promulgación de la Constitución Política que nos rige, algunos sectores de la comunidad colombiana aún consideran que nuestra “norma de normas” debería de ser reformada. Podría pensarse que esos sectores no solo están hablando de introducir algunos “cambios”: lo que pretenden en realidad es regresar al estado de cosas que había antes de 1991. En síntesis, un Estado mucho más centralista, con escasa autonomía administrativa y financiera para las regiones y sus entidades territoriales, y con la posibilidad -ya hartamente demostrada- de que a la Constitución, si se quiere, se le pueden introducir cuantos cambios se requieran al acomodo de quien gobierna o legisla.

No han sido pocos los intentos, los esfuerzos y las acciones dirigidas a meterle mano, como sea, a la Constitución. Ya en 2004, el hoy saliente presidente Álvaro Uribe Vélez impulsó en el Congreso una reforma para permitir la elección del Presidente de la República hasta por dos períodos, propósito dirigido a hacerse reelegir él mismo.

Fue uno de tantos cambios. En los primeros quince años de vigencia de la Constitución, le introdujeron 23 reformas. Hay que contar reformas en los años 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, por lo menos.

Y ni qué hablar de la acción de tutela, que se ha intentado también modificar. Creada para defender de manera inmediata los derechos fundamentales, la tutela “acercó la norma de normas a todos los colombianos y la convirtió en un texto de consulta y aplicación diaria; diríamos que en un libro de bolsillo”, como afirma el ex constituyente Antonio Navarro Wolf. Cómo él mismo advierte: “a los gobiernos les incomoda, en cuanto los obliga -al menos parcialmente- a no perder la prioridad social en épocas de vacas flacas. A algunos jueces les molesta, en cuanto los saca de la tranquilidad burocrática y les impone plazos impostergables para producir justicia. A los reaccionarios de siempre los irrita, porque ensucia de barro las inmaculadas instituciones que preferirían encerradas en castillos de cristal”

Es como si algunos sectores no pudieran acostumbrarse al nuevo país, cuyo Estado pretende ser más próximo al ciudadano. Cada cual quiere acomodar a su gusto y estilo lo que no le parece dentro de la Constitución, en un intento por hacer prevalecer el interés particular al público. Como si contrapusiésemos el nuevo frente al viejo país, el que permaneció estático al amparo de la Constitución de 1886.

A menos de un año de la celebración de las dos décadas de la Constitución vigente, el pueblo, verdadero constituyente, debería de plantear un debate amplio sobre los alcances de las reformas que se pretenden, y de las ya instituidas. Solo así será posible pensar en el país con el que todos soñamos.