viernes, 6 de agosto de 2010

ORGANIZACION GENERAL DEL ESTADO COLOMBIANO



Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus Entidades Territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, según la Constitución Política y las Leyes que lo desarrollan.
A partir de 1991, se define la Estructura Nacional General del Estado, tenemos en primer lugar un PODER PÚBLICO; conformado por la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial; una ORGANIZACIÓN DE CONTROL, compuesta por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Auditoria General de la República; una ORGANIZACIÓN ELECTORAL, con un Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil; y por último una ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, como lo son los Departamentos, Distritos, Municipios y Resguardos Indígenas.
Con la Constitución de 1991, se fortalece la Función Pública de control a los poderes públicos y se concede independencia a la organización electoral con el propósito de garantizar transparencia en los procesos de renovación del Congreso y de los gobiernos nacionales y territoriales.
La Asamblea Nacional Constituyente le concede mayor autonomía a la Rama Judicial, quedando adscritos el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte necesitamos una organización estatal y de un régimen político que se inspire en los principios de la democracia. Entre estos principios esta un marco jurídico con unas reglas de juego transparentes que permitan su ejercicio.
También necesitamos de una sociedad organizada consciente de sus interés, sus derechos y sus responsabilidades políticas. En otras palabras, sujetos sociales capaces de desarrollar formas de diálogo y de concertación con otros agentes sociales, como los partidos políticos y el mismo Estado.
Una política democrática que permee por igual la conducta de los gobernantes y de los gobernados, y que permita y garantice un clima propicio para el desarrollo de la democracia participativa.
Por último es necesario una firme voluntad de los agentes políticos para poner en marcha mecanismos que permitan el desarrollo de la participación.

MARITZA MOSQUERA MURCIA
V SEMESTRE DE APT
2010

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