A PROPÓSITO DE LAS ELECCIONES… DEMOCRACIA ?

Breidy Fernando Castro Campos

Los procesos de democracia en América Latina, han sufrido en su esencia profundas transformaciones, a lo que se suma, los cambios económicos, sociales y culturales, en su mayoría producto de la globalización; aspectos que, han implicado una redefinición del papel que desarrolla el Estado respecto a los intereses de la sociedad, resaltando que, estos procesos han conducido a una variación en lo métodos para obtener y alcanzar los fines del Estado.

Es claro que, la globalización tiene un fundamento altamente político, el cual, tiende generalmente a ser ignorado y visto, simplemente desde el campo económico, producto del consenso tácito que entre las democracias de los países desarrollados se ha llegado entorno a el. Es así como, en términos de gobernabilidad por parte de las ramas del poder – Ejecutivo y Legislativo -, se refleja una fragilidad en materia de control político y de direccionamiento del Estado, consecuencia de la misma trayectoria del sistema político caracterizado por una larga tradición intervencionista, que “si bien es cierto que el fin del modelo intervencionista debilita en primer término el poder ejecutivo, con la consiguiente pérdida de gobernabilidad, los cambios en la rama judicial que propician con ellas afectan de contera a la gobernabilidad”.

Es allí, donde el activismo judicial desarrolla un papel fundamental como mediador y estabilizador de las decisiones arbitrarias, procurando el cumplimiento de los fines del Estado – democracia de baja intensidad-, proceso que deben conducir a una democracia de alta intensidad, en donde se transfiere dicha capacidad, ya no a la administración de justicia, sino a los ciudadanos y la organizaciones en una sociedad circunscrita a la tensión entre ambición y solidaridad internacional.

Frente a estas situaciones, y ante la realidades sociales, precisión cómo el control político y en ocasiones la adopción de políticas públicas por parte de la rama judicial, vislumbran con claridad el papel fundamental que están llamados a desarrollar en aras del cumplimiento de los acometidos estatales, siendo imperiosa su intervención hacia el tránsito de una democracia que salvaguarde las libertades y derecho. No obstante, la aparente “desestructuración del Estado” ante la negación de las probabilidades de planeación económica, todo indica que, es el activismo judicial en últimas el que permitirá en futuro “reclamar la participación ciudadana en las instancias de decisión económica y política”.