CRISIS ESTRUCTURAL O EMERGENCIA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA?

Lina Paola García Cuellar

Esap - Neiva

En qué reside la crisis actual, ¿es una crisis estructural o una emergencia? ¿Cuáles deberían ser las medidas alternativas para enfrentar la crisis del sistema y garantizar el derecho a la salud?

A cuenta gotas, se ha ido conociendo la verdadera estructura del sistema de salud creándose a punta de decretos emitidos -15 hasta la fecha- bajo el amparo de la emergencia social, declarada por el gobierno.

El rechazo total a la iniciativa de trasladar los altos costos de los tratamientos de salud a los a pacientes y a sus familiares quienes deberán y estarán obligados a asumir con ahorros, bienes, cesantías y préstamos bancarios. La financiación del Fonpres, se fijará con base en la capacidad de pago de los pacientes y sus familias. El Fonpres es el fondo que financiará las enfermedades o tratamientos no incluidos en el POS, llamadas "prestaciones excepcionales en salud" como lo indica el decreto 128.

Ésta es una decisión que se está tomando sin tener claridad sobre las reglas, perjudicará los ahorros que programen las familias para su futuro. Cuando llegue la calamidad de una enfermedad catastrófica, llegará también la quiebra económica.

Si bien el Decreto 127 dicta un alza de 14% en el IVA a licores nacionales y extranjeros, juegos de azar, impuesto al cigarrillo; Los ingresos que se generen por este aumento se destinarán a financiar los servicios no POS que soliciten los colombianos. Otra salida es el traslado de parte de los impuestos se dedican actualmente a fines bélicos, orientarlos a financiar solidamente el sector de la salud.

El Gobierno Nacional si de verdad, desea solucionar de fondo la crónica y triste problemática del sector de la salud, acabe de una vez con la intermediación de las EPS, quienes se quedan con el 80% de los recursos asignados a la atención de los colombianos.

Empezar por una revisión de los dineros que se les envían a las clínicas y los hospitales, a veces, están pagándoles prestaciones sociales a funcionarios que ya no trabajan en las instituciones.

Se conoce que además están interviniendo en los planes financieros de las familias y en las decisiones médicas, que, no deberían ser los que paguen las fallas que presenta el sistema de salud.

Por la dignidad humana, la vida y la salud todos los ciudadanos, luchar por que no sean vulnerados los derechos fundamentales, no son un negocio, y están por encima de cálculos financieros y ambiciones políticas.