Desde sus los orígenes de la humanidad, ha tenido luchas por la igualdad, y en nuestra época se ha convertido en el principal horizonte normativo y ético. El Estado Colombiano en su Constitución Política, Articulo Nº 13 plasma como un derecho fundamental que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Afirmamos que las leyes debían ser impersonales y abstractas, es decir que tendrían que aplicarse de igual manera para todas las personas, y en principio esto es así. Pero ocurre que nuestra sociedad se encuentra en situaciones de desigualdad y rodeada de casos especiales consecuencia de la violencia, narcotráfico, etc., situaciones de vulnerabilidad como niñas y niños, indígenas, afros, en situación de desplazamiento, de discapacidad o el tener opciones sexuales a las consideradas “normales”, si la ley quiere ser justa debe abandonar su neutralidad inicial; la justicia debe quitarse la venda de los ojos y prever medidas especiales que estén en la capacidad de generar cambios.
La sociedad Colombia se está preparando para recorrer un camino de espinas que significa sacar la Ley del papel y lograr que signifique cambios reales en las vidas de cada colombiano.
Sean promulgado leyes que buscan comenzar abrir caminos de igualdad, entre ellas tenemos la Ley 1257 de 2.008 que responde a la obligación estatal de erradicar la violencia contra la mujer y reconocerle su lugar en la sociedad. Un primer paso positivo, pero el Estado en todos sus niveles Nacional, Departamental y Municipal, está en la obligación de hacer una divulgación didáctica de esta norma.
Colombia ha buscado a pasos gigantesco comenzar a incorporar las demandas de los ciudadanos diseñando diversas políticas, como la igualdad de oportunidades y la acción positiva. Pero partir de los años noventa se hizo más evidente que las políticas destinadas únicamente a los ciertos colectivos no eran suficientes, y que por sí solas no conseguían modificar las condiciones sociales estructurales en las que se apoya la desigualdad. Surgen, así, señalar que el problema de la desigualdad no es sólo de algunos, sino de toda la sociedad. Por tanto, es necesario complejizar la mirada desde la política pública.
JOSE ANDRES MOYANO HERMIDA
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